Entre las principales quejas se encuentran la falta de limpieza e insumos básicos como papel higiénico y jabón, baños y elevadores fuera de servicio, la cancelación del aumento salarial correspondiente a 2025, horarios extensos y la asignación de plazas por favoritismo. Además, denunciaron prácticas de acoso laboral, supervisión coercitiva y la imposición de "metas desproporcionadas de recaudación". La protesta, que incluyó bloqueos viales, provocó la suspensión de operaciones en al menos siete oficinas a nivel nacional, lo que obligó a reprogramar 3,258 citas. La presidenta Claudia Sheinbaum minimizó el impacto, asegurando que eran "pocos trabajadores" y que el tema ya estaba siendo atendido. Por su parte, el SAT emitió un comunicado negando haber proferido amenazas contra los manifestantes y afirmó que mantenía abiertos los canales de diálogo, con el apoyo de las secretarías de Gobernación y del Trabajo, para resolver las peticiones.