La propuesta también eleva a rango de ley la Estrategia Nacional contra la Extorsión, que opera a través del número de denuncia 089. Adicionalmente, se armonizan otros ordenamientos como el Código Penal Federal y la Ley de Delincuencia Organizada, y se incluye la extorsión como un delito susceptible de extinción de dominio, permitiendo al Estado confiscar los bienes obtenidos ilícitamente.