Las audiencias, que se extenderán por tres días, surgen a raíz de una propuesta de la ministra Lenia Batres, quien busca flexibilizar el criterio vigente desde 2016 que invalida automáticamente cualquier norma aprobada sin consultar a este sector. Batres argumenta que, en la última década, la Corte ha invalidado 50 leyes, de las cuales 47 ampliaban derechos, por la mera falta de consulta.

No obstante, su postura fue confrontada durante la primera audiencia.

La ministra Yasmín Esquivel Mossa aclaró que el criterio no ha sido abandonado y que precisamente el propósito de las audiencias es escuchar a los afectados para tomar una decisión informada.

“No puede haber ni debe haber proyecto antes de escuchar a las personas con discapacidad.

Hacer lo contrario sería una falta de respeto”, afirmó Esquivel.

El ministro Giovanni Figueroa Mejía secundó esta visión, subrayando que la propuesta de Batres es solo una “opinión” que aún está a debate. La mayoría de los participantes, entre activistas y organizaciones, rechazaron el proyecto de Batres, defendiendo el derecho a la consulta bajo la consigna “Nada sobre nosotros sin nosotros”, y advirtieron que la propuesta representa un retroceso en derechos humanos.