Asesinato del Alcalde de Pisaflores Desata Exigencia de Justicia

El asesinato de Miguel Bahena Solórzano, presidente municipal de Pisaflores, Hidalgo, y militante del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), ha generado una enérgica condena y una exigencia de justicia por parte de su partido y del gobernador del estado. El crimen, ocurrido la noche del lunes, se suma a una serie de ataques contra autoridades locales en el país, poniendo de relieve la vulnerabilidad que enfrentan los funcionarios municipales. Según los reportes, Bahena Solórzano, de 47 años, fue atacado por dos hombres a bordo de una motocicleta que le dispararon en al menos cinco ocasiones. Horas antes del atentado, el alcalde había difundido un video en redes sociales informando sobre los daños causados por las lluvias en su municipio y agradeciendo el apoyo de los gobiernos estatal y federal. El PVEM, a través de un comunicado, exigió a las autoridades una investigación “inmediata, exhaustiva y transparente” para dar con los responsables, y urgió a garantizar la seguridad de los funcionarios municipales, quienes “son el primer contacto del Estado con la población”. El gobernador Julio Menchaca también lamentó el homicidio y expresó su solidaridad con la familia del edil. El asesinato de Bahena Solórzano ocurre en un contexto de violencia política que, según cifras del gobierno, ha mostrado una tendencia a la baja en homicidios generales durante el primer año de la administración de Claudia Sheinbaum, aunque los ataques a figuras políticas locales continúan siendo un foco de preocupación a nivel nacional.

En resumen

El asesinato del alcalde de Pisaflores, Miguel Bahena Solórzano, ha provocado una fuerte condena del PVEM y del gobierno de Hidalgo, quienes exigen una investigación exhaustiva, mientras el crimen subraya la persistente violencia contra autoridades locales en México.

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‘La nueva ley contra la extorsión nace incompleta y el gobierno es cómplice’: Marcelo Torres

TORREÓN, COAH.- El diputado federal Marcelo Torres Cofiño expuso la gravedad del fenómeno de la extorsión en México y las carencias críticas de la nueva ley aprobada por el gobierno federal, la cual —señaló— evita enfrentar la colusión, la inflación criminal y el impacto económico real que sufren millones de familias y negocios.Advirtió el legislador que la nueva Ley General contra la Extorsión “nace incompleta y evita enfrentar la realidad más dolorosa: la colusión del gobierno federal con el crimen organizado, por acción o por omisión”.TE PUEDE INTERESAR: Coahuila: Arrastra Congreso pendientes para tipificar tipos de violencia contra mujeresSeñaló que, aunque se aumentaron penas y se agregaron definiciones, la ley no aborda lo que realmente está destruyendo la economía de las familias: “La extorsión ya es un impuesto criminal. El crimen fija precios, cobra piso y controla rutas, mientras el gobierno federal se hace de la vista gorda”, apuntó.El legislador también detalló una propuesta complementaria que contempla:• Reconocer hasta 52 semanas de cotización en IMSS cuando una persona suspenda su empleo para cuidados familiares graves, y hasta 12 meses en ISSSTE por la misma causa.• Incluir en la LFT la posibilidad de suspender temporalmente la relación laboral sin pérdida de antigüedad ni derechos, con un dictamen médico correspondiente.• Que el Estado cubra las cuotas durante ese periodo.Se busca, indicó, corregir una injusticia histórica, donde quien cuida a un familiar enfermo es castigado con la pérdida de derechos laborales y de seguridad social. Afirmó que la medida no implica un impacto presupuestal significativo.Marcelo Torres recalcó que cuidar no puede seguir siendo motivo de castigo laboral o previsional. “Si la familia es el corazón de México, la ley debe latir al mismo ritmo. Mi iniciativa reconoce que cuidar también es trabajar, también es aportar y también es construir país”, finalizó.

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