Las irregularidades detectadas incluyen “pagos duplicados a trabajadores, nóminas ejecutivas sin soporte, transferencias irregulares a unidades médicas y pagos a personas fallecidas o con licencia”.

La legisladora acusó directamente al auditor superior, David Colmenares, de proteger a López Hernández al no dar seguimiento a estos hallazgos desde 2021.

“Guardaron esas auditorías en el área de investigación y ahí están durmiendo el sueño de los justos”, declaró. Paralelamente, integrantes de los Comités de Participación Ciudadana del SNA emitieron un comunicado solicitando a diversas instancias, como la UIF, el SAT y el Senado, investigar las “posibles incongruencias patrimoniales y fiscales” del senador. Sin embargo, este posicionamiento generó una crisis interna: la presidenta del SNA, Vania Pérez Morales, denunció que el comunicado fue retirado de las redes oficiales por “presiones de una consejera del Comité CPC y acoso al equipo de apoyo”, calificando el acto como “censura”. La consejera aludida, Patricia Talavera, negó las presiones y afirmó que la decisión se tomó por mayoría al no ser un acuerdo colegiado.