La iniciativa, recibida por la Mesa Directiva de San Lázaro, propone que la extorsión se persiga de oficio, eliminando la necesidad de una denuncia formal por parte de la víctima, y facilita las denuncias anónimas a través del número 089. Se establece una pena básica de seis a 15 años de prisión, pero se contemplan 34 agravantes que pueden elevar la sanción hasta 25 años. Estas agravantes se dividen en tres categorías y cubren una amplia gama de conductas, como el “cobro de piso”, la extorsión a migrantes o menores de edad, la simulación de accidentes de tránsito conocidos como “montachoques”, y cuando el delito es cometido por servidores públicos. “Esto permitirá que las entidades federativas y la Federación puedan investigar y sancionar esta conducta bajo un amplio parámetro”, indica la exposición de motivos. La propuesta también busca resolver los conflictos de competencia entre fiscalías locales y la federal, que a menudo generan impunidad. Además, se plantea un régimen de ejecución penal estricto que impediría a los sentenciados por extorsión acceder a beneficios preliberacionales, salvo en casos excepcionales de colaboración con la justicia. El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, anticipó que se trabajará para dotar al país de un marco legal que castigue y elimine este ilícito.