Además, se aprobó un inédito 8% de IEPS a los videojuegos clasificados para adultos. El gobierno justifica estas medidas como una estrategia para desincentivar el consumo de productos nocivos y financiar programas de salud.

Sin embargo, la oposición ha calificado la medida como un “impuesto regresivo” que castiga más a quienes menos tienen. El diputado del PAN, Alfredo Chávez, afirmó que “no son las empresas quienes pagan estos impuestos, sino la gente”, y cuestionó que los recursos recaudados realmente se destinen al sector salud, recordando promesas incumplidas de crear un fondo de 48 mil millones de pesos. Su colega, Jorge Soto, lo secundó, calificando el gravamen como un “impuesto disfrazado de salud pública que golpea a los más pobres”, especialmente en comunidades sin acceso a agua potable donde el refresco es una necesidad.

Por su parte, la Asociación Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC) acusó a los diputados oficialistas de “traición”, argumentando que la medida solo apuntalará la inflación y afectará al pequeño comercio.