La presidenta Claudia Sheinbaum ha confirmado que la Fiscalía General de la República (FGR) investiga a empresarios estadounidenses por su presunta participación en una red de contrabando de combustible, conocida como “huachicol fiscal”. Esta revelación apunta a una trama de corrupción binacional y refuerza la estrategia del gobierno mexicano para combatir este delito, que ha sido una de sus prioridades. Durante su conferencia de prensa matutina, la presidenta Sheinbaum declaró que existen “varias carpetas de investigación” en la FGR que involucran a empresarios de Estados Unidos. Enfatizó la lógica detrás de esta línea de investigación al afirmar: “No se puede explicar que venga combustible de Estados Unidos a México y que entre de manera ilegal sin que no lo sepan [del otro lado]”. Confirmó además que el Departamento de Justicia de Estados Unidos está llevando a cabo sus propias indagatorias paralelas sobre ciudadanos norteamericanos por el mismo delito.
Esta cooperación transfronteriza es vista como un elemento clave para desmantelar las redes criminales.
El “huachicol fiscal” consiste en la importación de combustible, a menudo desde Estados Unidos y Canadá, declarándolo falsamente como otros productos, como “lubricantes”, para evadir impuestos. Una investigación de la agencia Reuters, mencionada en los artículos, vinculó este esquema con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y la empresa estadounidense Ikon Midstream. Sheinbaum destacó que las acciones de su gobierno, incluyendo una mayor vigilancia en las aduanas y operativos de inteligencia, ya han resultado en una disminución considerable en el ingreso ilegal de combustible. Por su parte, el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, informó sobre la incautación de 98 millones de litros de combustible ilegal en los últimos meses.
En resumenLa investigación del gobierno mexicano sobre el “huachicol fiscal” ha cruzado oficialmente la frontera, con la confirmación de la presidenta Sheinbaum de que empresarios estadounidenses están implicados. Este hecho subraya la naturaleza binacional del delito y resalta el compromiso de la administración para erradicar una importante fuente de financiamiento ilícito del crimen organizado, a través de esfuerzos coordinados con las autoridades de Estados Unidos.