El senador y coordinador de Morena, Adán Augusto López Hernández, se encuentra en el centro de una controversia por presuntas irregularidades patrimoniales y fiscales, lo que ha llevado al Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) a solicitar una investigación formal. Este escrutinio ha generado tensiones internas en el SNA y ha posicionado al exsecretario de Gobernación a la defensiva, quien califica las acusaciones como una “campañita” con “trasfondo político”. La polémica se intensificó cuando Vania Pérez Morales, presidenta del Comité de Participación Ciudadana del SNA, denunció haber recibido amenazas y presiones internas para silenciar la petición de investigar al senador. Pérez Morales reveló que una consejera, Patricia Talavera, pidió que el comunicado no se difundiera en las redes del comité.
A pesar de las trabas, la solicitud fue entregada personalmente al Senado. Las acusaciones contra López Hernández, presentadas formalmente por la diputada suplente del PAN, María Elena Pérez-Jaén, se basan en 37 denuncias ante la FGR por inconsistencias detectadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) durante su gestión como gobernador de Tabasco, que sumarían casi 800 millones de pesos. Además, se mencionan supuestos audios en los que el senador hablaría despectivamente de la presidenta Sheinbaum, aunque él ha negado su existencia. Adán Augusto ha respondido a las acusaciones minimizándolas y retando a sus detractores: “Que la Auditoría encontró irregularidades por 350 millones de pesos. El presupuesto de Tabasco sumado de tres años fue de 80 mil millones de pesos y sólo hubo irregularidades mínimas, que estudien bien”.
La situación expone una lucha de poder y una prueba para las instituciones anticorrupción del país.
En resumenLa solicitud de investigación contra Adán Augusto López por parte del Sistema Nacional Anticorrupción ha destapado presiones internas y amenazas, mientras el senador morenista desestima las acusaciones como una campaña política. El caso pone a prueba la autonomía de los órganos fiscalizadores y la voluntad del gobierno para investigar a una de sus figuras más poderosas por presunta corrupción e incongruencias patrimoniales.