Sin embargo, las magistradas disidentes, Janine Otálora y Mónica Soto, advirtieron que la decisión sienta un precedente peligroso.

Argumentaron que el caso es fundamentalmente electoral, ya que se refiere a un voto emitido por autoridades electorales en el ejercicio de sus funciones. Otálora alertó que esto podría llevar a que el OIC investigue a los consejeros cada vez que el TEPJF revoque una de sus decisiones, “vulnerando los principios de imparcialidad e independencia”.