Gobernadora del PAN y Dirigente de Morena Protagonizan Aguda Confrontación
Un agudo enfrentamiento verbal ha estallado entre la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos (PAN), y la dirigente nacional de Morena, Luisa María Alcalde, escalando la tensión entre el partido gobernante y una de las principales figuras de la oposición. La confrontación, que incluye acusaciones de corrupción y la amenaza de una demanda por daño moral, evidencia la polarización y las estrategias políticas de cara a futuras contiendas electorales. El conflicto se encendió después de que Alcalde, durante una visita a Chihuahua y posteriormente en redes sociales, incluyera a la gobernadora Campos en una lista de “impresentables” del PAN. Acusó a su gobierno de encabezar los índices de corrupción, aumentar la pobreza extrema y no haber realizado obra pública productiva. En respuesta, Maru Campos anunció que interpondrá una demanda por daño moral contra la líder de Morena, declarando: “Ya estuvo bueno de esas tonterías que anda diciendo, se nota el juego perverso por parte de ella”. Alcalde replicó en redes sociales, afirmando que su responsabilidad como dirigente de Morena es “hacer conciencia de lo que ustedes representan y de los pésimos resultados de sus gobiernos”. La dirigencia nacional del PAN, a través de su presidente Jorge Romero, defendió a Campos, calificando de cínicas las acusaciones de Alcalde y señalando presuntos “narcogobiernos” dentro de Morena. “El cinismo de Luisa Alcalde no tiene límites. ¿Por qué no mejor nos platica de los narcogobiernos de Morena…?”, publicó la cuenta oficial del PAN. Políticos locales también han intervenido; el alcalde de Chihuahua, Marco Bonilla, respaldó a Campos, mientras que el líder de la bancada de Morena en el congreso estatal, Cuauhtémoc Estrada, sugirió que la gobernadora ha sido más dura en sus propias expresiones contra su movimiento.


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TORREÓN, COAH.- El diputado federal Marcelo Torres Cofiño expuso la gravedad del fenómeno de la extorsión en México y las carencias críticas de la nueva ley aprobada por el gobierno federal, la cual —señaló— evita enfrentar la colusión, la inflación criminal y el impacto económico real que sufren millones de familias y negocios.Advirtió el legislador que la nueva Ley General contra la Extorsión “nace incompleta y evita enfrentar la realidad más dolorosa: la colusión del gobierno federal con el crimen organizado, por acción o por omisión”.TE PUEDE INTERESAR: Coahuila: Arrastra Congreso pendientes para tipificar tipos de violencia contra mujeresSeñaló que, aunque se aumentaron penas y se agregaron definiciones, la ley no aborda lo que realmente está destruyendo la economía de las familias: “La extorsión ya es un impuesto criminal. El crimen fija precios, cobra piso y controla rutas, mientras el gobierno federal se hace de la vista gorda”, apuntó.El legislador también detalló una propuesta complementaria que contempla:• Reconocer hasta 52 semanas de cotización en IMSS cuando una persona suspenda su empleo para cuidados familiares graves, y hasta 12 meses en ISSSTE por la misma causa.• Incluir en la LFT la posibilidad de suspender temporalmente la relación laboral sin pérdida de antigüedad ni derechos, con un dictamen médico correspondiente.• Que el Estado cubra las cuotas durante ese periodo.Se busca, indicó, corregir una injusticia histórica, donde quien cuida a un familiar enfermo es castigado con la pérdida de derechos laborales y de seguridad social. Afirmó que la medida no implica un impacto presupuestal significativo.Marcelo Torres recalcó que cuidar no puede seguir siendo motivo de castigo laboral o previsional. “Si la familia es el corazón de México, la ley debe latir al mismo ritmo. Mi iniciativa reconoce que cuidar también es trabajar, también es aportar y también es construir país”, finalizó.





