El decreto aprobado reconoce que la ASF determinó recuperaciones potenciales por 53.7 mil millones de pesos, de los cuales solo 1.7 mil millones han sido recuperados o aclarados, dejando pendientes 51.9 mil millones.

La oposición criticó enérgicamente la medida.

El diputado del PAN, Héctor Saúl Téllez, afirmó que de la cantidad pendiente, al menos 11.5 mil millones corresponden directamente al gobierno federal. Destacó irregularidades recurrentes en entidades como Segalmex, que acumula más de 10 mil millones de pesos en observaciones no solventadas en cinco años, y en el Tren Maya, con más de 5.2 mil millones pendientes. Por su parte, el diputado del PRI, Mario Zamora, señaló irregularidades en Fonatur (3.3 mil millones), Pemex (más de 2 mil millones) y la Secretaría de Infraestructura (más de mil millones), calificando los programas sociales como un uso “clientelar” del dinero público. En defensa, la diputada de Morena, Merilyn Gómez Pozos, presidenta de la Comisión de Presupuesto, enmarcó la aprobación como una “radiografía moral del Estado mexicano” y un testimonio de transparencia, enfocándose en indicadores económicos positivos como el crecimiento del PIB del 3.2% en 2023, sin mencionar las irregularidades pendientes.