El gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum ha reafirmado su postura de "cero impunidad" en el caso de corrupción de Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), uno de los mayores desfalcos del sexenio pasado, estimado en cerca de 15 mil millones de pesos. La secretaria Anticorrupción, Raquel Buenrostro, informó que ya hay 27 exfuncionarios detenidos, mientras la situación del exdirector Ignacio Ovalle Fernández sigue bajo investigación de la Fiscalía General de la República (FGR). La presidenta Sheinbaum fue contundente al respecto: "No hay impunidad. Con mucha claridad decimos que no hay impunidad frente a cualquier acto de corrupción". Esta declaración busca marcar una línea clara de acción frente a uno de los casos más emblemáticos heredados de la administración de Andrés Manuel López Obrador.
Buenrostro detalló que entre los detenidos se encuentra quien fuera el Oficial Mayor del organismo, pero evitó confirmar si existen acusaciones formales contra Ovalle.
Al ser cuestionada directamente sobre el exdirector, la secretaria respondió: "Lo está revisando la fiscalía.
Y hay muchas órdenes de aprehensión además de esa... Hay que preguntarle al fiscal".
Esta respuesta mantiene en suspenso la responsabilidad del máximo dirigente de Segalmex durante el periodo del desfalco.
Adicionalmente, Buenrostro planteó la necesidad de reformar la Ley de Responsabilidades Administrativas para endurecer las sanciones, al considerar que las actuales son insuficientes ante faltas graves, ya que "lo más que se llega es a una inhabilitación de un año". La desaparición de Segalmex fue oficializada en enero de 2025, fusionándose con Diconsa para crear el nuevo organismo "Alimentación para el Bienestar", en un intento por reestructurar el fallido sistema.
En resumenLa investigación sobre el desfalco en Segalmex avanza con la detención de 27 exfuncionarios, aunque la responsabilidad del exdirector Ignacio Ovalle sigue sin esclarecerse públicamente. El gobierno actual insiste en su compromiso contra la corrupción, mientras se plantea la necesidad de reformas legales para endurecer las sanciones contra servidores públicos.