Comités del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) han solicitado formalmente que se le investigue, e incluso la presidenta del organismo, Vania Pérez Morales, pidió su desafuero para que enfrente las acusaciones sin la protección del fuero constitucional. Las acusaciones se centran en diversas irregularidades durante su gestión como gobernador de Tabasco, donde la oposición denuncia que dejó el estado sobreendeudado y con anomalías financieras por mil millones de pesos. Además, la diputada suplente del PAN, María Elena Pérez Jaén, presentó 37 denuncias penales ante la FGR por un presunto desfalco de 700 millones de pesos.

Investigaciones periodísticas también han revelado una supuesta red de empresarios y familiares, como su concuñado, que habrían sido beneficiados con contratos millonarios. En respuesta, López Hernández ha calificado las acusaciones como parte de "una campañita" en su contra con fines políticos, y ha negado cualquier irregularidad.

Sin embargo, la presión aumenta, incluso desde dentro del SNA, donde se publicó un comunicado pidiendo una investigación exhaustiva, aunque dicho documento fue retirado de redes sociales horas después, en un acto que la presidenta del organismo denunció como resultado de presiones políticas.

Este caso pone a prueba el discurso anticorrupción de Morena y evidencia las tensiones internas en el partido gobernante.