“Quieren pagar, pues paguen.

Nada les impide pagar, absolutamente nada.

No se requiere ninguna reunión con el SAT”, afirmó la mandataria, subrayando que el gobierno no participará en “acuerdos en lo oscurito”. Esta postura fue respaldada por el exprocurador fiscal Arturo Medina, quien desmintió haber llegado a un acuerdo con el grupo empresarial, y por la actual procuradora fiscal, Grisel Galeano, quien confirmó que el SAT no necesita reuniones para recibir el pago. El gobierno ha enfatizado que los adeudos, que datan de ejercicios fiscales entre 2008 y 2013, son obligaciones históricas que deben saldarse conforme a la ley. La administración ha decidido esperar una resolución definitiva de la Suprema Corte de Justicia antes de responder formalmente a los recientes escritos de Grupo Salinas, argumentando que la empresa utiliza recursos legales para alargar los procesos. Este choque representa una prueba de fuerza entre el poder ejecutivo, que busca consolidar una política de cero privilegios fiscales, y uno de los empresarios más influyentes del país, quien intenta negociar los términos del pago en la arena pública y política.