Sheinbaum Define el Legado de AMLO como Propiedad del Pueblo, Marcando Distancia de su Familia

La presidenta Claudia Sheinbaum ha realizado una sutil pero significativa maniobra política para definir la herencia de la Cuarta Transformación. En su libro “Diario de una transición histórica”, la mandataria establece que el legado de su predecesor, Andrés Manuel López Obrador, no es una propiedad familiar, sino un patrimonio colectivo del pueblo de México. Esta declaración se produce en el contexto del nombramiento de Andrés Manuel López Beltrán, hijo del expresidente, como secretario de Organización de Morena en septiembre de 2024. Sheinbaum escribe: “el legado de AMLO es de todo el pueblo de México, no pertenece ni a mí ni a sus hijos ni a sus nietos; es de los millones de personas que cambiaron la vida pública del país”. Con esta afirmación, la presidenta busca consolidar su propio liderazgo y desvincular la continuidad del movimiento de cualquier noción de sucesión dinástica. Aunque reconoce que López Beltrán “desde siempre hizo trabajo político en apoyo de su padre” y que ahora participa de forma más abierta, la mandataria traza una línea clara entre la participación política individual y la titularidad del proyecto de nación. Esta postura contrasta con las declaraciones del propio hijo del exmandatario, quien se ha autoproclamado heredero del legado político de su padre.

La definición de Sheinbaum es un movimiento estratégico para institucionalizar la 4T más allá de la figura de López Obrador y su círculo cercano, posicionándose a ella como la líder de un movimiento popular y no como la continuadora de un linaje político.

En resumen

Al declarar que el legado de AMLO pertenece al pueblo y no a su familia, Claudia Sheinbaum consolida su autoridad como presidenta. Esta maniobra política busca institucionalizar la Cuarta Transformación como un movimiento colectivo, distanciándose de cualquier percepción de herencia dinástica y afirmando su propio liderazgo.

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‘La nueva ley contra la extorsión nace incompleta y el gobierno es cómplice’: Marcelo Torres

TORREÓN, COAH.- El diputado federal Marcelo Torres Cofiño expuso la gravedad del fenómeno de la extorsión en México y las carencias críticas de la nueva ley aprobada por el gobierno federal, la cual —señaló— evita enfrentar la colusión, la inflación criminal y el impacto económico real que sufren millones de familias y negocios.Advirtió el legislador que la nueva Ley General contra la Extorsión “nace incompleta y evita enfrentar la realidad más dolorosa: la colusión del gobierno federal con el crimen organizado, por acción o por omisión”.TE PUEDE INTERESAR: Coahuila: Arrastra Congreso pendientes para tipificar tipos de violencia contra mujeresSeñaló que, aunque se aumentaron penas y se agregaron definiciones, la ley no aborda lo que realmente está destruyendo la economía de las familias: “La extorsión ya es un impuesto criminal. El crimen fija precios, cobra piso y controla rutas, mientras el gobierno federal se hace de la vista gorda”, apuntó.El legislador también detalló una propuesta complementaria que contempla:• Reconocer hasta 52 semanas de cotización en IMSS cuando una persona suspenda su empleo para cuidados familiares graves, y hasta 12 meses en ISSSTE por la misma causa.• Incluir en la LFT la posibilidad de suspender temporalmente la relación laboral sin pérdida de antigüedad ni derechos, con un dictamen médico correspondiente.• Que el Estado cubra las cuotas durante ese periodo.Se busca, indicó, corregir una injusticia histórica, donde quien cuida a un familiar enfermo es castigado con la pérdida de derechos laborales y de seguridad social. Afirmó que la medida no implica un impacto presupuestal significativo.Marcelo Torres recalcó que cuidar no puede seguir siendo motivo de castigo laboral o previsional. “Si la familia es el corazón de México, la ley debe latir al mismo ritmo. Mi iniciativa reconoce que cuidar también es trabajar, también es aportar y también es construir país”, finalizó.

Vanguardia

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