Productores Agrícolas Anuncian Paro Nacional y Bloqueos ante la Indiferencia del Gobierno

El sector agrícola mexicano se prepara para una movilización nacional este 27 de octubre, con paros y bloqueos en al menos 14 estados, como respuesta a la falta de soluciones del gobierno federal a la crisis de rentabilidad que enfrenta el campo. Esta acción coordinada por organizaciones como la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA) representa un pulso de poder directo contra las políticas económicas de la administración actual. La principal exigencia de los productores es el establecimiento de un precio de garantía de 7,200 pesos por tonelada de maíz, argumentando que los precios actuales, que rondan los 4,800 pesos, no cubren los costos de producción, los cuales superan los 55,000 pesos por hectárea. Además, demandan la exclusión de los granos básicos del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) para evitar la competencia desleal y fortalecer la soberanía alimentaria. El dirigente de la UNTA, Álvaro López Ríos, advirtió que si la reunión programada en la Secretaría de Gobernación no arroja resultados favorables, los productores procederán con bloqueos en casetas y carreteras, e incluso podrían movilizar maquinaria agrícola hacia la Ciudad de México. Los agricultores acusan a los gobiernos de la 4T de haber reducido el presupuesto rural y eliminado programas e instituciones clave como la Financiera Rural. La movilización evidencia el creciente descontento de un sector vital para la economía y la seguridad alimentaria del país, que se siente abandonado y forzado a tomar medidas drásticas para ser escuchado.

En resumen

Ante la crisis de precios y la falta de apoyos, el sector agrícola mexicano ha convocado a un paro nacional con bloqueos carreteros. Esta movilización masiva busca presionar al gobierno para que implemente precios de garantía justos y políticas que aseguren la viabilidad del campo, evidenciando una profunda fractura entre los productores y la administración federal.

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‘La nueva ley contra la extorsión nace incompleta y el gobierno es cómplice’: Marcelo Torres

TORREÓN, COAH.- El diputado federal Marcelo Torres Cofiño expuso la gravedad del fenómeno de la extorsión en México y las carencias críticas de la nueva ley aprobada por el gobierno federal, la cual —señaló— evita enfrentar la colusión, la inflación criminal y el impacto económico real que sufren millones de familias y negocios.Advirtió el legislador que la nueva Ley General contra la Extorsión “nace incompleta y evita enfrentar la realidad más dolorosa: la colusión del gobierno federal con el crimen organizado, por acción o por omisión”.TE PUEDE INTERESAR: Coahuila: Arrastra Congreso pendientes para tipificar tipos de violencia contra mujeresSeñaló que, aunque se aumentaron penas y se agregaron definiciones, la ley no aborda lo que realmente está destruyendo la economía de las familias: “La extorsión ya es un impuesto criminal. El crimen fija precios, cobra piso y controla rutas, mientras el gobierno federal se hace de la vista gorda”, apuntó.El legislador también detalló una propuesta complementaria que contempla:• Reconocer hasta 52 semanas de cotización en IMSS cuando una persona suspenda su empleo para cuidados familiares graves, y hasta 12 meses en ISSSTE por la misma causa.• Incluir en la LFT la posibilidad de suspender temporalmente la relación laboral sin pérdida de antigüedad ni derechos, con un dictamen médico correspondiente.• Que el Estado cubra las cuotas durante ese periodo.Se busca, indicó, corregir una injusticia histórica, donde quien cuida a un familiar enfermo es castigado con la pérdida de derechos laborales y de seguridad social. Afirmó que la medida no implica un impacto presupuestal significativo.Marcelo Torres recalcó que cuidar no puede seguir siendo motivo de castigo laboral o previsional. “Si la familia es el corazón de México, la ley debe latir al mismo ritmo. Mi iniciativa reconoce que cuidar también es trabajar, también es aportar y también es construir país”, finalizó.

Vanguardia

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