La acusación fue presentada por la diputada suplente del PAN, María Elena Pérez-Jaén Zermeño, ante la Contraloría Interna del Senado. La denuncia se sustenta en investigaciones periodísticas y documentos oficiales que, según Pérez-Jaén, revelarían ingresos no declarados por 79 millones de pesos entre 2018 y 2022, provenientes de empresas contratistas del gobierno tabasqueño. Entre las firmas mencionadas se encuentra GH Servicios Empresariales S.A. de C.V., catalogada por el SAT como una empresa con operaciones simuladas (EFOS).

La legisladora panista también vinculó la denuncia con las revelaciones del colectivo Guacamaya sobre los presuntos nexos entre López Hernández y Hernán Bermúdez Requena, su exsecretario de Seguridad y señalado líder del grupo criminal “La Barredora”. Se menciona que Adán Augusto López, en su calidad de notario, avaló la creación y cambios en los consejos de administración de dos empresas de seguridad vinculadas a Bermúdez. Pérez-Jaén solicitó una investigación integral sobre la evolución patrimonial del senador, pidiendo la intervención de la UIF, la FGR y la Procuraduría Fiscal. La denunciante acusó a la presidenta Claudia Sheinbaum y a los senadores de Morena de ofrecer un “manto de protección política” a López Hernández, y expresó escepticismo sobre la imparcialidad de la Contraloría del Senado, debido a la cercanía de su titular con el denunciado.