En contraste, los magistrados Janine Otálora y Reyes Rodríguez Mondragón se pronunciaron en contra.

Otálora propuso devolver el caso al INE para una investigación más profunda, reconociendo que las indagatorias quedaron inconclusas, mientras que Rodríguez Mondragón argumentó que la difusión de los 'acordeones' sí tuvo como objetivo posicionar a las candidaturas, generando un beneficio indebido. Esta resolución evidencia una tensión de autoridad entre el TEPJF y el INE, sentando un precedente sobre los límites de la fiscalización electoral y el estándar probatorio requerido para imponer sanciones, especialmente en un proceso tan relevante como la primera elección del Poder Judicial.