La Cámara de Diputados se prepara para una aprobación adelantada del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2026, en un dictamen que, a pesar de proponer recortes a otros poderes y organismos autónomos, contempla un significativo aumento salarial para los legisladores. El anteproyecto de dictamen, que circula en San Lázaro, mantiene un gasto público estimado de 10.19 billones de pesos y propone un incremento del 9.53% en las percepciones netas de cada diputado federal. Esto significa que su salario neto mensual pasará de 99,457 pesos a 108,935 pesos, resultando en una percepción anual de 1,307,224 pesos, un aumento de 113,739 pesos por legislador.
Este incremento es casi tres veces superior a la inflación anual registrada en septiembre.
Adicionalmente, se les otorgará un aguinaldo de 147,438 pesos y un nuevo seguro de vida institucional por 59,984 pesos. En contraste, el coordinador de Morena, Ricardo Monreal, anticipó que la mayoría legislativa planea un recorte de entre 17 y 18 mil millones de pesos al presupuesto solicitado por el Poder Judicial y organismos autónomos como el INE y el Tribunal Electoral.
Estos recursos reasignados se destinarían a fortalecer rubros como educación, cultura, campo e infraestructura.
Monreal aseguró que, aunque el dictamen inicial no refleja estos cambios, se realizarán a través de reservas durante la discusión en lo particular. Esta dinámica muestra un claro ejercicio de poder del Legislativo, que por un lado aplica la austeridad a otras instituciones clave del Estado y, por otro, se autoasigna beneficios salariales por encima de la inflación, generando críticas sobre la congruencia de su política de gasto.
En resumenEl PEF 2026 contempla un aumento salarial del 9.53% para los diputados federales, elevando su percepción anual a más de 1.3 millones de pesos. Simultáneamente, la mayoría legislativa, liderada por Morena, planea recortes de hasta 18 mil millones de pesos al Poder Judicial y organismos autónomos, reasignando los fondos a áreas como educación e infraestructura, lo que evidencia una controvertida priorización del gasto.