Muchos tienen intereses políticos.

Solo hay que ver muchos de sus dirigentes a qué partidos pertenecen".

Esta postura busca diferenciar entre los pequeños productores, a quienes el gobierno dirige sus principales apoyos como Producción para el Bienestar y Sembrando Vida, y los productores medianos o grandes. El conflicto se intensificó por la caída de los precios internacionales del maíz. En respuesta, el secretario de Agricultura, Julio Berdegué Sacristán, anunció un acuerdo con productores de El Bajío que incluye un apoyo de 950 pesos por tonelada y mayores facilidades de crédito.

Sin embargo, este anuncio no desactivó todas las protestas.

Líderes agrarios de Jalisco, Guanajuato y Michoacán denunciaron que lo declarado por Berdegué no coincidía con lo negociado, calificando como "una total mentira" los topes de 1.4 millones de toneladas para la región y 200 toneladas por productor. El productor Pavel Guerrero afirmó que en la negociación "no se limitaron las toneladas por productor" y que se pidió la compra de toda la cosecha. La persistencia de los bloqueos y el desacuerdo sobre los términos del pacto reflejan una profunda desconfianza entre una parte del sector agrícola y el gobierno, que intenta gestionar la crisis económica del campo mientras cuestiona la legitimidad de algunas de las protestas.