Líderes de las compañías más influyentes de Estados Unidos han manifestado una seria preocupación por la reforma al Poder Judicial en México, advirtiendo que su “politización” pone en riesgo el Estado de derecho y las inversiones. Esta inquietud representa una presión significativa sobre el gobierno de Claudia Sheinbaum de cara a la renegociación del T-MEC en 2026. La Business Roundtable (BRT), que agrupa a cerca de 200 CEOs de empresas como Apple, General Motors y JPMorganChase, solicitó formalmente a la administración de Donald Trump que presione a México para proteger a las empresas estadounidenses. La principal demanda es restaurar el Mecanismo de Solución de Disputas Inversionista-Estado (ISDS, por sus siglas en inglés) dentro del T-MEC, lo que permitiría a los inversionistas resolver quejas a través de árbitros independientes en lugar de someterse a un sistema judicial donde, según ellos, los jueces serán elegidos por voto popular y podrían estar sujetos a “consideraciones” y “caprichos políticos”. Los empresarios argumentan que las recientes reformas, que también incluyen la eliminación de reguladores independientes, afectan negativamente el clima de inversión. Senadores de oposición en México, como el panista Raymundo Bolaños y Alejandra Barrales de Movimiento Ciudadano, han interpretado esta postura como una clara señal de desconfianza hacia las políticas de la administración Sheinbaum.
“Se les dijo, esto no va a caer bien en el concierto internacional”, declaró la priista Claudia Anaya.
Los CEOs también denunciaron lo que consideran una discriminación del gobierno mexicano a favor de empresas estatales como Pemex y CFE en el sector energético, y Mexicana de Aviación en el aéreo, lo que contraviene las obligaciones del T-MEC. Esta presión del sector empresarial estadounidense se convierte en un factor clave que podría moldear la postura de Washington en la futura revisión del tratado comercial, poniendo a prueba la capacidad del gobierno mexicano para defender sus reformas soberanas sin afectar la confianza de los inversionistas extranjeros.
En resumenLa solicitud de los principales CEOs de EE. UU. para que su gobierno presione a México por la reforma judicial evidencia una profunda desconfianza en el Estado de derecho bajo la nueva administración. Esta presión, centrada en la renegociación del T-MEC, representa un desafío mayúsculo para el gobierno de Sheinbaum, que debe equilibrar sus reformas internas con la necesidad de mantener la certidumbre para la inversión extranjera.