Las protestas de productores de maíz, que han derivado en bloqueos carreteros en al menos cinco estados, han escalado hasta convertirse en un punto de tensión nacional. Mientras los agricultores exigen precios de garantía justos para sus cosechas, la presidenta Claudia Sheinbaum ha asegurado que detrás de muchas de estas movilizaciones existen “intereses políticos y no legítimos” vinculados a partidos de oposición. La crisis se desató por la caída de los precios internacionales del grano, que ha dejado a los productores del Bajío (Guanajuato, Jalisco y Michoacán) con costos de producción superiores a los precios de mercado. En respuesta a los bloqueos, el gobierno federal, a través de la Secretaría de Agricultura (Sader), anunció un esquema de apoyo complementario de 950 pesos por tonelada para pequeños y medianos productores, de los cuales 800 pesos provendrán de la Federación y 150 de los gobiernos estatales. Además, se creará el Sistema Mexicano de Ordenamiento del Mercado del Maíz para establecer precios de referencia. Sin embargo, el Movimiento Agrícola Campesino (MAC) calificó la oferta como una “imposición” y no un acuerdo, insistiendo en su demanda de 7,200 pesos por tonelada de maíz y 6,000 por sorgo. La presidenta Sheinbaum ha adoptado una postura dual: por un lado, ofrece diálogo y anuncia programas adicionales para pequeños productores, pero por otro, descalifica a ciertos líderes.
“Mientras haya intereses legítimos se les va a recibir”, advirtió, para luego añadir que “solamente hay que ver a muchos de sus dirigentes a qué partidos pertenecen”.
Varios informes identifican a militantes y simpatizantes del PAN y el PRI como figuras visibles en los bloqueos de Hidalgo, Michoacán, Sinaloa, Guanajuato y Jalisco, lo que alimenta la narrativa presidencial de una protesta politizada. Este conflicto evidencia la compleja dinámica entre las demandas genuinas del sector agrícola, la respuesta gubernamental y la instrumentalización política de los movimientos sociales.
En resumenLas protestas de agricultores por los bajos precios del maíz han generado una respuesta mixta del gobierno: ofrece apoyos económicos pero acusa a líderes de tener motivaciones políticas ligadas al PAN y PRI. Esta tensión refleja una lucha de poder donde las demandas económicas del campo se entrelazan con la disputa política entre el oficialismo y la oposición.
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