El Instituto Nacional Electoral (INE) ha generado una crisis institucional sin precedentes al no lograr los consensos necesarios para designar 16 de las 44 consejerías vacantes en los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLEs) de 13 estados. Esta situación, que deja incompletos los consejos electorales a poco más de un año de que inicien los preparativos para las elecciones de 2026, ha expuesto una profunda división entre los consejeros del INE. Durante una tensa sesión extraordinaria, el Consejo General solo pudo nombrar a 28 consejeros (16 mujeres y 12 hombres) para 14 entidades, declarando desiertas las presidencias de los institutos de Campeche, Colima y, de manera crítica, Coahuila, única entidad con elecciones locales en 2026. La falta de acuerdos para alcanzar la mayoría calificada de ocho votos evidenció un enfrentamiento entre dos bloques de consejeros. Un grupo, alineado con la consejera presidenta Guadalupe Taddei, defendió la decisión de dejar las plazas vacantes argumentando que no se debe “sacrificar calidad por prisa” y que no se construirían “consensos artificiales”.
Taddei acusó al bloque contrario de intentar imponer una “visión única” en acuerdos “cupulares en secrecía”. En respuesta, consejeros como Dania Ravel, Carla Humphrey y Jaime Rivera lamentaron la falta de colegialidad y diálogo, advirtiendo que la situación genera una sobrecarga de trabajo en los OPLEs y debilita a las instituciones.
“Nunca antes habían imperado actitudes intransigentes y hasta sin argumentos para impedir la mayoría calificada.
Simplemente, era el no”, sentenció Rivera.
Representantes de partidos de oposición en el IETAM de Tamaulipas y el IEC de Coahuila expresaron su preocupación, calificando la decisión del INE como “ilógica” y una señal de un intento por “demoler las instituciones democráticas”. Esta parálisis en los nombramientos crea un vacío de autoridad y un clima de incertidumbre sobre la organización de futuros comicios locales.
En resumenLa incapacidad del INE para nombrar 16 consejeros en OPLEs clave revela una severa fractura interna y pone en riesgo la operatividad de los órganos electorales locales. Esta falta de consenso, inédita en la historia reciente del instituto, genera incertidumbre de cara a los próximos procesos electorales y debilita la confianza en la autoridad electoral nacional.