Manzo, un alcalde independiente que llegó al poder con un fuerte discurso contra la delincuencia, había denunciado públicamente en repetidas ocasiones las amenazas en su contra y solicitado apoyo a los gobiernos estatal y federal, sin recibir la protección que consideraba necesaria.

Su viuda, Grecia Quiroz, lo confirmó en un emotivo discurso: “Él lo gritó, él pidió auxilio, una y otra vez. Él temía por su vida... y jamás le hicieron caso”.

La Fiscalía de Michoacán ha señalado al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) como presunto responsable, vinculando el arma del crimen con otros dos homicidios en la región y explorando la represalia por la detención de un líder regional. Este evento no es un hecho aislado; según datos citados, en los últimos 25 años han sido asesinados 119 alcaldes en México, siendo Michoacán uno de los estados con mayor incidencia, con 20 casos. El asesinato de Manzo se ha convertido en un símbolo del fracaso de las estrategias de seguridad y del poder que ejercen los cárteles, que no solo controlan territorios, sino que también influyen en la política local. La respuesta del gobierno federal, con el anuncio del “Plan Michoacán”, es vista con escepticismo, ya que planes similares en administraciones pasadas, como las de Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón, no lograron pacificar la entidad. El crimen ha escalado a la arena política nacional, con la oposición utilizando el suceso para criticar duramente al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, a quien acusan de omisión.