La Cámara de Diputados aprobó el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para 2026, marcando un significativo reajuste en la distribución del poder financiero del Estado. La mayoría oficialista, liderada por Morena y sus aliados, avaló un gasto de 10.1 billones de pesos y reasignó 17,788 millones de pesos, principalmente a través de recortes a órganos autónomos como el Poder Judicial, el INE y la FGR. Tras una maratónica sesión de más de 20 horas, marcada por intensos debates y confrontaciones, el presupuesto fue aprobado en lo general y particular con 355 votos a favor y 132 en contra. El principal afectado fue el Poder Judicial, con una reducción de 15,805 millones de pesos, seguido por el Instituto Nacional Electoral (INE) con mil millones y la Fiscalía General de la República (FGR) con 933 millones. Estos fondos fueron redirigidos hacia sectores prioritarios para el Ejecutivo, como Educación Pública, que recibió 10,842 millones de pesos adicionales, incluyendo una partida para restituir fondos a la Universidad de Guadalajara.
Otros sectores beneficiados fueron Ciencia y Tecnología, Cultura y Medio Ambiente.
La oposición criticó duramente los recortes, argumentando que debilitan contrapesos institucionales y afectan áreas cruciales como la impartición de justicia y la seguridad.
El diputado priista Yerico Abramo Masso calificó la medida como riesgosa: “Quitarle recursos al Poder Judicial es riesgoso y más cuando acaba de haber una reforma para poder tener credibilidad... creo que es un despropósito, es un error financiero y un erro jurídico”. Por su parte, el oficialismo, en voz del diputado de Morena Pedro Haces Barba, defendió las reasignaciones como una forma de fortalecer servicios esenciales y programas sociales, “echando abajo el falso discurso de quienes sostienen que no estamos atendiendo los asuntos que son prioritarios”.
En resumenLa aprobación del PEF 2026 consolida la estrategia del gobierno de Morena de centralizar recursos en sus programas prioritarios, a costa de reducir la capacidad financiera de órganos autónomos. Este realineamiento presupuestal refleja una clara redefinición de las prioridades del poder ejecutivo y genera preocupación en la oposición sobre el debilitamiento de los contrapesos democráticos.