El plan se estructura en tres ejes: Seguridad y Justicia, Desarrollo Económico con Justicia, y Educación y Cultura para la Paz. Entre las acciones anunciadas se encuentran el fortalecimiento de las fuerzas federales, la creación de una fiscalía especializada en delitos de alto impacto y la instalación de mesas de seguridad quincenales. La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, encabezó una reunión con el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla y 59 alcaldes michoacanos para escuchar sus diagnósticos y construir el plan de manera conjunta. Rodríguez enfatizó que la estrategia “se construye desde abajo, con dignidad, esperanza y justicia para Michoacán”. Sin embargo, la propuesta ha sido recibida con críticas por parte de la oposición. En la Cámara de Diputados, la bancada del PAN propuso destinar 10 mil millones de pesos al plan, pero la mayoría de Morena y sus aliados rechazaron la asignación de recursos específicos, argumentando que el apoyo ya está contemplado en programas federales existentes. Analistas como Raymundo Riva Palacio y Pascal Beltrán del Río han señalado las similitudes con estrategias implementadas por Enrique Peña Nieto en 2014 y Felipe Calderón, advirtiendo que, sin un combate frontal a la corrupción y a la cohabitación con grupos de autodefensa, el plan podría fracasar nuevamente. La efectividad de esta nueva intervención federal será crucial para la estabilidad de Michoacán y la credibilidad de la estrategia de seguridad del gobierno de Sheinbaum.