En la audiencia, Duarte declaró: “Yo no he robado ni un solo centavo... me considero una persona que está totalmente lista para reinsertarme en la sociedad”. La Fiscalía General de la República (FGR) se opone firmemente a su liberación, argumentando que aún existen decomisos pendientes y que el exmandatario “no ha querido pagar sus crímenes ante la justicia”. El fiscal Manuel Granados Quiroz recordó que el gobierno de Duarte se caracterizó por el desvío masivo de recursos mediante empresas fantasma y una crisis de violencia. La posible liberación de Duarte, a solo cinco meses de cumplir su sentencia completa en abril de 2026, genera una fuerte reacción pública y política, al ser percibido como un símbolo de la corrupción sistémica. La resolución de la jueza Ángela Zamorano Herrera será un indicador clave sobre si el sistema judicial prioriza la aplicación estricta de la ley o si los beneficios procesales prevalecen, incluso en casos de grave daño patrimonial al Estado.