Nueva Ley de Extorsión Genera Controversia por Posible Reducción de Penas

La aprobación de la Ley General de Extorsión en la Cámara de Diputados ha generado una fuerte controversia y un choque de poder entre el gobierno federal y varias entidades federativas. La nueva legislación, que busca homologar el delito a nivel nacional, podría reducir las penas máximas en al menos 13 estados, lo que ha provocado la alarma de fiscales estatales que temen un retroceso en la lucha contra este crimen de alto impacto. La ley establece una pena máxima de 25 años de prisión para la extorsión agravada, un tope inferior a las sanciones vigentes en estados como Chihuahua, donde las condenas pueden alcanzar hasta 30 años, o el Estado de México, con penas de hasta 70 años. Además, la ley contempla la “traslación del tipo penal”, una figura que permitiría a extorsionadores ya sentenciados solicitar una reducción retroactiva de sus condenas, beneficiando potencialmente a miembros de grupos criminales. El fiscal de Chihuahua, César Jáuregui Moreno, anunció que su estado, junto con otros cinco, pedirá al Senado que revise la ley para evitar que “pueda llegar a beneficiar a personas que ya están sufriendo en estos momentos una penalidad por extorsión”. Esta postura evidencia una tensión entre la visión federal, que argumenta que penas superiores a 40 años son desproporcionadas según criterios de la Suprema Corte, y la realidad local, donde los estados han endurecido sus marcos legales para combatir un delito que afecta a comerciantes, transportistas y familias. Mientras los promotores de la ley defienden que unificará criterios y cerrará espacios de impunidad, las fiscalías locales advierten que podría debilitar sus herramientas de sanción y enviar un mensaje de menor severidad a los criminales.

En resumen

La nueva Ley General de Extorsión representa un cambio significativo en la política criminal de México, pero su implementación ha creado un conflicto de autoridad entre el poder federal y los estados. La posible reducción de penas y sus efectos retroactivos son el centro de una disputa que definirá el equilibrio entre la homologación legal y la autonomía de las entidades para combatir la delincuencia.