Advierten sobre un posible control estatal del contenido, lo que podría derivar en autocensura por temor a sanciones.

Un artículo de opinión califica la discusión como teológica más que jurídica, cuestionando si el Estado tiene derecho a regular la conciencia religiosa. Sostiene que, aunque se presente como una medida técnica, "la vigilancia que hoy se llama 'neutralidad' puede mañana convertirse en censura moral". David Pech Tapia, del Consejo Ministerial de Campeche, fue más allá, calificando la iniciativa como "grave" y una forma de "censura", afirmando que al aprobarse, "ya no tendríamos la posibilidad de emitir ninguna idea, ningún comentario, ninguna declaración en redes sociales, porque sería un delito, básicamente". La propuesta obliga a los ministros de culto a registrarse e informar a la Agencia Digital y a la Secretaría de Gobernación sobre los contenidos difundidos, lo que es visto por sus críticos como un mecanismo de control gubernamental sin precedentes sobre la expresión religiosa en el ámbito digital.