La decisión fue una respuesta directa al asilo político que el gobierno mexicano otorgó a Betssy Chávez, ex primera ministra del depuesto presidente Pedro Castillo. El gobierno de Perú, ahora bajo el presidente de transición José Jerí, rompió relaciones diplomáticas con México y ha puesto en suspenso la emisión de un salvoconducto que permitiría a Chávez salir del país. La cancillería peruana argumenta que México ha hecho un "uso indebido" de la Convención de Caracas sobre asilo diplomático al calificar "delitos comunes como casos de persecución política". Incluso, anunció que iniciará consultas con otros miembros de la OEA para proponer modificaciones a dicha convención. Por su parte, la Secretaría de Relaciones Exteriores de México rechazó la declaratoria contra Sheinbaum, calificándola de "excesiva y desproporcionada" y sosteniendo que las motivaciones del Congreso peruano son "falsas". El gobierno mexicano defiende que la concesión del asilo se realizó en estricto apego al derecho internacional y a su tradición diplomática. El dirigente del PRI, Alejandro Moreno, criticó la gestión diplomática del gobierno, acusándolo de "torpeza" y de destruir las relaciones internacionales del país. La tensión, que se originó con el apoyo del expresidente López Obrador a Pedro Castillo, ahora define un complejo escenario para la política exterior de la administración Sheinbaum en América Latina.