El Gobierno Federal ha lanzado el 'Plan Michoacán por la Paz y la Justicia' como respuesta a la escalada de violencia en la entidad, marcada por el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo. Esta estrategia integral representa una de las intervenciones federales más significativas de la administración actual, combinando una fuerte presencia militar con una inversión multimillonaria en desarrollo social. Tras el homicidio de Manzo el 1 de noviembre, que generó indignación y protestas masivas, la presidenta Claudia Sheinbaum presentó el plan desde Palacio Nacional, asegurando que “la seguridad y la paz son fruto de la justicia”. La estrategia contempla una inversión federal de más de 57 mil millones de pesos, complementada con 2 mil 700 millones de pesos del gobierno estatal, distribuidos en 12 ejes y más de 100 acciones. El componente de seguridad es masivo, con el despliegue de más de 12,000 elementos del Ejército, Marina y Guardia Nacional bajo el “Plan de Operaciones Paricutín”, cuyo objetivo es “sellar el estado para que grupos delincuenciales no entren ni salgan de la entidad”, según el Secretario de la Defensa, Ricardo Trevilla. El Secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, anunció que visitará Uruapan y que el gabinete mantendrá reuniones con productores de aguacate y limón, sectores fuertemente afectados por la extorsión. El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla respaldó el plan, recordando su propia historia familiar con la violencia en Uruapan y afirmando que las protestas son “un grito legítimo de dolor”.
Sin embargo, la oposición ha mostrado escepticismo.
El dirigente del PRI en Michoacán, Memo Valencia, calificó el plan como “más de lo mismo” y criticó que se anunciara desde la Ciudad de México, lejos del epicentro de la violencia. La presidenta Sheinbaum se comprometió a supervisar personalmente el plan cada 15 días y a presentar informes públicos mensuales.
En resumenEl Plan Michoacán representa una respuesta contundente del gobierno de Sheinbaum a la crisis de violencia, articulando una masiva intervención de seguridad con una inversión social sin precedentes. Mientras el oficialismo lo defiende como una estrategia integral y humanista, la oposición lo ve con escepticismo, y su éxito dependerá de la coordinación efectiva en el terreno y la capacidad para atender tanto las causas estructurales de la violencia como sus manifestaciones más agudas.