La bancada de Morena en la Cámara de Diputados ha preparado una reforma constitucional para adelantar la consulta de revocación de mandato presidencial a junio de 2027, haciéndola coincidir con las elecciones intermedias. Esta maniobra política ha generado un choque directo con la oposición, que la califica como una estrategia para influir indebidamente en los comicios y blindar al ejecutivo. La iniciativa, impulsada por el diputado Alfonso Ramírez Cuéllar, propone modificar el artículo 35 de la Constitución para que la consulta sobre la permanencia de la presidenta Claudia Sheinbaum se realice el mismo día en que se renovará la Cámara de Diputados, 17 gubernaturas y miles de cargos locales. El argumento central de Morena es la eficiencia y el ahorro, sosteniendo que unificar los procesos evitaría el “dispendio” de una elección separada en 2028 y aumentaría la participación ciudadana, que fue de apenas 17.78% en el ejercicio de 2022. Según Ramírez Cuéllar, el ahorro podría ser de hasta 5 mil millones de pesos.
La oposición, sin embargo, ve la propuesta como una “trampa” y un “retroceso democrático”. El diputado panista Germán Martínez afirmó que Morena busca que “algo de la imagen positiva de la Presidencia vaya a la elección de 2027” por temor a no ganar la elección intermedia. Clemente Castañeda, de Movimiento Ciudadano, coincidió en que la medida evidencia “el miedo del oficialismo”. Por su parte, el coordinador del PRI, Rubén Moreira, advirtió que la reforma permitiría a la presidenta “hacer campaña para no ser entrecomillado revocado” durante el proceso electoral, distorsionando la contienda.
Moreira también sugirió que la medida busca “blindarse” de intentos de remoción, tanto internos de Morena como externos.
En resumenLa propuesta de Morena para empatar la revocación de mandato con las elecciones intermedias de 2027 representa un cambio significativo en las reglas electorales. Mientras el partido gobernante argumenta eficiencia y ahorro, la oposición denuncia un intento de utilizar la figura presidencial para influir en la elección y asegurar su poder, evidenciando una profunda división sobre el futuro de los mecanismos de participación ciudadana en México.