La investigación oficial concluyó que Mario Aburto Martínez actuó como un tirador solitario. La FGR, bajo la administración actual, reabrió el caso, argumentando que posee un “gran acervo de pruebas” que implican a Sánchez Ortega. En 2024, la fiscalía solicitó una orden de aprehensión en su contra, la cual fue negada por un juez, decisión que el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador criticó duramente. La FGR ha sostenido que la liberación inicial de Sánchez Ortega fue un “evidente encubrimiento delictivo” en el que habría intervenido Genaro García Luna, quien en 1994 era subdirector operativo del CISEN. La detención actual, ejecutada por la Policía Federal Ministerial, se realizó en cumplimiento de una orden federal.

El dirigente del PRI, Alejandro Moreno, ha calificado la reapertura del caso como una “caja china” del gobierno de Morena para “tapar el cochinero en el que tiene hundido al país”.