El conflicto se centra en múltiples créditos fiscales que, según las autoridades, ascienden a 48 mil 393 millones de pesos, aunque Grupo Salinas ha mencionado una cifra total de 74 mil millones.

Estos adeudos datan de hasta 17 años y abarcan cuatro sexenios.

Recientemente, la SCJN rechazó por segunda vez una solicitud del grupo para aplazar la resolución de los juicios, a pesar de que la empresa alegaba estar en proceso de “ajustar” los montos con el gobierno. En un comunicado, Grupo Salinas afirmó que las resoluciones de la Corte se emitirán “con guiones aprobados desde Palacio Nacional con tal de cumplir el mandato de convalidar las extorsiones fiscales del SAT”. La compañía acusa a la autoridad fiscal de imponer “cobros dobles abusivos, inconstitucionales e inmorales con una clara intención política”.

Sostienen que siempre han estado dispuestos a pagar “lo que es correcto”, pero no cederán ante lo que consideran un atropello.

Si la SCJN falla en su contra, el conglomerado advirtió que no considerará las resoluciones como “definitivas” y acudirá a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para continuar su “legítima defensa”.