El conflicto se desató después de que México concediera asilo político a Betssy Chávez, ex primera ministra del destituido presidente peruano Pedro Castillo. El gobierno de Lima, encabezado por José Jerí, consideró esta acción como una “injerencia en asuntos internos” y un “acto inamistoso”, lo que culminó con la ruptura de relaciones y la orden de expulsión de la encargada de la Embajada de México, Karla Ornelas, quien ya abandonó el país. Como respuesta, fuentes de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) confirmaron que México reducirá de 100 a 30 las visas diarias otorgadas a peruanos. A pesar de la tensión, el gobierno mexicano ha aclarado que no suspenderá las relaciones consulares, debido a la presencia de más de 9 mil mexicanos en Perú y 7 mil peruanos en México. El canciller Juan Ramón de la Fuente, en la Cumbre CELAC-UE, defendió la política de asilo de México como una “convicción que nace de nuestro propio devenir histórico” y no como un “capricho”, haciendo un llamado al diálogo. La presidenta Sheinbaum busca mantener un tono “firme pero prudente”, instruyendo a la SRE a no cerrar completamente los canales diplomáticos, aunque se anticipan nuevas medidas políticas y migratorias.