El gobierno de México ha iniciado una investigación a gran escala contra 13 casinos por presunta participación en una red de lavado de dinero, una acción que ha provocado una enérgica respuesta de Grupo Salinas, propietario de dos de las empresas señaladas. La ofensiva, coordinada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y el Gabinete de Seguridad, identificó un esquema de operaciones millonarias en efectivo y transferencias internacionales a países como Estados Unidos, Rumania, Albania, Malta y Panamá. Según las autoridades, la red utilizaba plataformas digitales no supervisadas y reclutaba a personas con perfiles económicos vulnerables —amas de casa, estudiantes, jubilados y desempleados— para fungir como prestanombres, quienes a cambio de una comisión transferían los fondos para legitimar ingresos de origen ilícito. El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, explicó que se detectaron patrones de simulación fiscal, con empresas reportando declaraciones en ceros mientras dispersaban recursos entre filiales.
Como resultado, la UIF bloqueó las cuentas de las 13 personas morales y presentará denuncias ante la FGR. La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que se impulsará una reforma a la Ley Federal de Juegos y Sorteos para regular los casinos digitales, reconociendo que la legislación actual está obsoleta.
La investigación involucra a las filiales de Grupo Salinas, “Ganador Azteca” y “Operadora Ganadora Tv Azteca”.
El conglomerado de Ricardo Salinas Pliego reaccionó acusando al gobierno de “acoso y persecución sistemática del Estado”. En un comunicado, la empresa calificó la investigación como “un acto doloso y persecutorio como este, motivado únicamente por intereses políticos”, y afirmó que cumple con los más altos estándares de prevención de lavado de dinero. Este enfrentamiento evidencia una escalada en la tensión entre el poder ejecutivo y uno de los grupos empresariales más influyentes del país.
En resumenLa operación del gobierno federal contra 13 casinos por presunto lavado de dinero, incluyendo dos de Grupo Salinas, ha desatado una confrontación política y el anuncio de reformas legislativas para regular el sector, marcando un punto de inflexión en la relación entre el poder y grandes corporaciones.