El gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum ha calificado la marcha convocada por la autodenominada “Generación Z” para el 15 de noviembre como una operación política “inorgánica y pagada” por la derecha nacional e internacional. La administración federal asegura que la movilización, impulsada tras el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, no es un movimiento juvenil genuino, sino una estrategia digital financiada con más de 90 millones de pesos. Durante la conferencia matutina del 13 de noviembre, Miguel Ángel Elorza, coordinador de Infodemia, presentó un informe que vincula la convocatoria a una red internacional de derecha, Atlas Network, y a figuras de la oposición mexicana como Vicente Fox, Claudio X. González y Ricardo Salinas Pliego. Según el análisis, la campaña utilizó cientos de cuentas de TikTok y Facebook, muchas de ellas creadas recientemente y administradas desde el extranjero, para amplificar el llamado a protestar. Sheinbaum afirmó que, aunque respeta la libertad de manifestación, es importante que los jóvenes “no se dejen manipular” y conozcan el origen de la convocatoria.
“Fue la oposición quien levantó mucho esta marcha: el PRI, el PAN y personalidades vinculadas con ellos”, aseguró. El gobierno también ha tomado medidas preventivas, instalando barreras de concreto y reforzando las vallas metálicas alrededor de Palacio Nacional y el Zócalo.
Por su parte, los organizadores de la marcha insisten en su carácter apartidista y pacífico, enfocado en exigir justicia y seguridad.
Incluso, Grecia Quiroz, alcaldesa de Uruapan y viuda de Carlos Manzo, se deslindó de la convocatoria, afirmando que ni ella ni el “Movimiento del Sombrero” la están organizando. Políticos de oposición como Fernando Belaunzarán han defendido el derecho de los jóvenes a protestar, calificándolo como “su derecho y su deber” ante el hartazgo social.
En resumenEl gobierno federal enmarca la marcha de la “Generación Z” como una conspiración de la derecha financiada desde el extranjero, descalificando su legitimidad. Mientras tanto, los convocantes y figuras de la oposición defienden la protesta como una expresión genuina de descontento, en un clima de polarización y desconfianza previo a la movilización del 15 de noviembre.