Uno de los puntos más polémicos es la eliminación de la transmisibilidad de las concesiones de agua, lo que impediría a los productores heredar o vender sus derechos de pozo junto con sus tierras. Según el diputado del PRI, Arturo Medina Aguirre, esto “afectaría directamente el valor de las parcelas y perjudicaría a ejidos y pequeños productores”. El gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal, ha mostrado preocupación por el riesgo para el abasto de agua en la cuenca del río Bravo y ordenó un estudio técnico para presentarlo a Conagua, insistiendo en que se respete el Tratado de 1944. Por su parte, el diputado de Morena, Alex Domínguez, ha llamado a los productores a movilizarse, ofreciendo su liderazgo bajo fuero para encabezar las protestas.

El líder de la bancada del PRI, Rubén Moreira, denunció que Morena busca aprobar la ley en “fast-track” en diciembre, sin un diálogo adecuado con los sectores afectados. Ante esta situación, los productores de Chihuahua ya han advertido que, si la ley se aprueba sin modificaciones, podrían tomar carreteras y vías férreas, reavivando un conflicto similar al de 2020.