La Cámara de Diputados aprobó recortes al presupuesto del Poder Judicial para 2026 por un total de 15,924 millones de pesos, pero la mayor parte de estas reducciones se realizaron en un marco de opacidad, sin precisar en qué áreas específicas impactarán. De este monto, una reducción generalizada de 9,497 millones de pesos no especifica si afectará a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), al Órgano de Administración Judicial, al Tribunal de Disciplina Judicial o al Tribunal Electoral. El proceso de reasignación de fondos, que sumó un total de 17,780 millones de pesos tomados principalmente del Poder Judicial, fue criticado por su falta de transparencia. A diferencia de años anteriores, la Comisión de Presupuesto no presentó las modificaciones en los anexos económicos del dictamen, sino que los recortes se aprobaron a través de 12 reservas durante la madrugada del 6 de noviembre, con discursos que no precisaban los montos exactos.
El diputado del PAN, Héctor Saúl Hernández, calificó el proceso como “desordenado” y “al aventón”.
Los fondos recortados fueron reasignados a diversas dependencias del Gobierno Federal, como la Secretaría de Educación Pública (SEP), la Secretaría de Agricultura y la Secretaría de Cultura. Por ejemplo, al Órgano de Administración Judicial le recortaron 5,828 millones de pesos, de los cuales 5,000 millones se destinaron a un programa de la SEP. A pesar de las promesas de los nuevos ministros de la SCJN de reducir sus ingresos, sus salarios en el presupuesto 2026 quedaron por encima de la percepción de la presidenta Claudia Sheinbaum, con 137,582 pesos netos mensuales.
En resumenLa aprobación de recortes significativos al Poder Judicial se caracterizó por la falta de claridad y transparencia, generando incertidumbre sobre el impacto en la operación de sus órganos y levantando críticas sobre el proceso legislativo y el destino de los fondos reasignados.