Hay graves problemas allá; no estoy contento con México”.

Estas palabras, que vinculan la violencia en la capital con la crisis de drogas, fueron interpretadas como una amenaza directa. El mandatario estadounidense incluso aseveró conocer “las direcciones de cada narcotraficante” y que estaría “orgulloso” de presentar una propuesta de intervención ante el Congreso.

En respuesta, la presidenta Sheinbaum fue enfática: “No va a ocurrir”.

Sostuvo que su gobierno no solicitará apoyo militar extranjero, aunque mantiene canales de colaboración e intercambio de información. “No queremos intervención de ningún gobierno extranjero; hay colaboración, coordinación, pero ni hay subordinación ni podemos permitir una intervención”, señaló Sheinbaum, recordando que la última intervención estadounidense resultó en la pérdida de la mitad del territorio mexicano. Para matizar la tensión, la embajada de Estados Unidos en México difundió un mensaje del secretario de Estado, Marco Rubio, aclarando que una acción militar solo ocurriría si el gobierno mexicano la solicita, algo que Sheinbaum descartó de inmediato: “Nosotros no lo vamos a pedir”. Este cruce de declaraciones evidencia una dinámica de poder compleja, donde la administración estadounidense utiliza la retórica de la intervención como herramienta de presión, mientras que el gobierno mexicano se ve obligado a trazar una línea firme en defensa de su soberanía, equilibrando la cooperación necesaria con la negativa a ceder autoridad en su propio territorio.