La manifestación denominada “Marcha de la Generación Z”, convocada tras el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, se ha convertido en un significativo punto de inflexión en la dinámica entre el gobierno y la sociedad civil. Lo que comenzó como un llamado juvenil contra la violencia derivó en una movilización masiva y plural que culminó en actos de confrontación y una intensa batalla por la narrativa política. El gobierno federal, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, desestimó la autenticidad y representatividad de la marcha, calificándola como una operación política financiada por la oposición y “un empresario”. Sheinbaum afirmó que “la gran mayoría de los que marcharon el sábado no eran jóvenes de la generación Z”, sino “las mismas caras de la Marea Rosa”. Esta postura busca enmarcar la protesta no como un reclamo ciudadano genuino, sino como un intento de desestabilización. La presidenta denunció la presencia de un “grupo muy violento” que llegó preparado para derribar las vallas de Palacio Nacional y agredir a la policía, con el objetivo de “montar esta idea de que en México hay represión a los jóvenes”.
Su respuesta ante las críticas fue contundente: “¿Creen que nos van a debilitar?
¡No!
Más fuerte soy”.
Por su parte, figuras de la oposición como el dirigente del PRI, Alejandro Moreno, y el del PAN, Jorge Romero, condenaron la “respuesta violenta del Estado” y ofrecieron apoyo legal a los detenidos, calificándolos de “presos políticos”. La relatora de la ONU, Gina Romero, expresó su preocupación por el “uso excesivo de la fuerza” y urgió al gobierno mexicano a “detener la estigmatización de la protesta pacífica”. La controversia se agudizó con la convocatoria a una segunda marcha para el 20 de noviembre, coincidiendo con el desfile de la Revolución Mexicana, lo que eleva la tensión y perfila un nuevo capítulo en este pulso de poder.
En resumenLa marcha del 15 de noviembre evidenció una fractura entre un sector ciudadano y el gobierno. Mientras la administración de Sheinbaum la descalifica como una maniobra opositora y responde con firmeza, la sociedad civil y la oposición denuncian represión, sentando las bases para una prolongada confrontación política.