Afirmó que la situación financiera del municipio es “muy delicada” y que la nueva alcaldesa, Grecia Quiroz, viuda de Manzo, enfrenta un panorama complejo. Esta declaración contrasta con la narrativa que posiciona a Manzo como un líder que luchaba contra la corrupción y la extorsión, y añade una capa de tensión política a la crisis de seguridad, sugiriendo que la intervención federal también podría tener implicaciones en la fiscalización de las finanzas municipales.
Intervención Federal en Michoacán: Nuevo Liderazgo de Seguridad y Acusaciones Financieras
Tras el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, el gobierno federal ha intensificado su intervención en Michoacán con el lanzamiento del “Plan Michoacán por la Paz y la Justicia” y un cambio clave en la cúpula de seguridad estatal. Esta maniobra representa un reajuste significativo en la dinámica de poder entre la federación y el estado, en un intento por controlar la crisis de violencia que ha puesto en jaque a la región. El cambio más notable fue la designación de José Antonio Cruz Medina como nuevo titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Michoacán. El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla destacó que Cruz Medina cuenta con el “respaldo y el visto bueno” del secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch, y que su nombramiento busca una “plena coordinación con el Gobierno de México”. Cruz Medina, quien previamente se desempeñaba como vicefiscal de inteligencia, es considerado un perfil de alto nivel y un hombre de confianza de Harfuch, lo que sugiere una toma de control más directa de la estrategia de seguridad por parte de la federación. Este relevo se produce en medio de narcobloqueos y enfrentamientos atribuidos al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). En un giro polémico, el gobernador Ramírez Bedolla acusó al alcalde asesinado, Carlos Manzo, de haber dejado al ayuntamiento de Uruapan en “quiebra técnica”.



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