SCJN Discute Presupuesto para Víctimas en Medio de Recortes Federales
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se encuentra en un momento decisivo para los derechos de las víctimas en México, al discutir un proyecto que podría restituir un presupuesto mínimo para su atención. Esta deliberación ocurre en un contexto de recortes sistemáticos que han debilitado la capacidad del Estado para ofrecer ayuda, asistencia y reparación integral. Organizaciones como el Centro Prodh y Fundar han hecho un llamado urgente a la Corte para que apruebe la declaratoria general de inconstitucionalidad de la reforma a la Ley General de Víctimas (LGV) de noviembre de 2020. Dicha reforma eliminó la garantía de un presupuesto irreductible para la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), que equivalía al 0.014% del gasto programable del Presupuesto de Egresos de la Federación. Según las organizaciones, esta eliminación fue una medida “regresiva e injustificada”, como ya lo determinó la Primera Sala en marzo de 2024. Desde la reforma, la CEAV ha dejado de recibir un promedio de 200 millones de pesos anuales. Para 2026, el presupuesto asignado es de 692 millones de pesos, cuando, bajo la ley anterior, debería ser de al menos 913 millones. La decisión de la SCJN, a cargo del ministro Giovanni Figueroa Mejía, es crucial, pues podría obligar al Congreso a restablecer este financiamiento fijo. Este caso pone de relieve la tensión entre el poder judicial, que busca proteger derechos adquiridos, y las políticas de austeridad del ejecutivo que, según los críticos, han desmantelado mecanismos clave de justicia social.



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