Las manifestaciones convocadas bajo la etiqueta 'Generación Z' han generado una intensa confrontación política, escalando de una protesta ciudadana a un campo de batalla discursivo entre el gobierno, la oposición y la sociedad civil. La violencia registrada y la respuesta de las autoridades han puesto a prueba los límites del derecho a la protesta y la estabilidad del gobierno de Claudia Sheinbaum. La movilización del 15 de noviembre, que surgió en gran parte por la indignación tras el asesinato del alcalde Carlos Manzo, fue rápidamente descalificada por el oficialismo, que la atribuyó a una campaña de la “derecha internacional” y a intereses de partidos de oposición como el PAN y el PRI. La presidenta Sheinbaum calificó la información sobre la presunta financiación de la marcha como “muy interesante”, mientras que el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, llamó a “cerrar filas” con la mandataria ante lo que describió como “embates” internos y externos. La controversia se intensificó cuando la presidenta de Morena, Luisa María Alcalde, reveló un contrato del influencer Edson Andrade, uno de los promotores de la marcha, con el PAN. Andrade, quien acusó al gobierno de persecución y de filtrar ilegalmente sus datos personales, anunció que abandonaría el país por seguridad.
En respuesta, la oposición, a través de líderes como Alejandro Moreno del PRI y Jorge Romero del PAN, condenó la “represión” policial durante la marcha, exigió la liberación de los detenidos, a quienes calificaron de “presos políticos”, y negó haber organizado la movilización. El PRI incluso exigió la renuncia de la titular de la CNDH, Rosario Piedra, por su “silencio cómplice”.
Este episodio ha evidenciado una profunda polarización, donde el gobierno ve una conspiración desestabilizadora y la oposición una respuesta autoritaria a un descontento social legítimo.
En resumenLa irrupción de las protestas de la 'Generación Z' ha agudizado la polarización política en México. La respuesta del gobierno, centrada en la descalificación y la criminalización, y las acusaciones de instrumentalización por parte de la oposición, han transformado un reclamo social sobre la inseguridad en un complejo conflicto sobre la legitimidad del poder, la libertad de expresión y el futuro de la disidencia en el país.
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