En una muestra de consenso poco común, el Senado de la República aprobó por unanimidad la nueva Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión. Esta legislación, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, crea un marco jurídico nacional para combatir un delito que se ha convertido en el tercero de mayor incidencia en el país, endureciendo las penas y atacando su operación desde los centros penitenciarios. Con 110 votos a favor en lo general, la ley homologa el tipo penal en todo el país, establece que la extorsión se perseguirá de oficio y eleva las penas de forma significativa. La sanción base será de 15 a 25 años de prisión, pero podrá alcanzar hasta 42 años con agravantes, como la violencia, la operación desde reclusorios o si se comete contra grupos vulnerables. La ley también impone sanciones severas a funcionarios públicos cómplices, con penas de 10 a 20 años para quienes no denuncien el delito. Además, obliga a los centros de readaptación a implementar tecnologías para inhibir el uso de celulares en un plazo de seis meses.
A pesar del respaldo unánime, el debate reflejó las tensiones políticas.
Morena, a través del senador Enrique Inzunza, afirmó que la ley demuestra que “México no tolerará la extorsión en ninguna de sus formas”. Por su parte, la oposición (PAN, PRI y MC) criticó la falta de un presupuesto asignado para su implementación. La senadora del PAN, Mayuli Martínez, advirtió que “una ley sin recursos solo genera impunidad”, mientras que Alejandra Barrales de MC celebró lo que consideró un “golpe de timón” que deja atrás la política de “abrazos, no balazos”. Debido a las modificaciones, la minuta fue devuelta a la Cámara de Diputados para su ratificación.
En resumenLa aprobación unánime de la Ley General contra la Extorsión marca un cambio significativo en la estrategia de seguridad nacional, reflejando un consenso político sobre la necesidad de endurecer las medidas contra este delito. Sin embargo, la efectividad de la ley dependerá crucialmente de su implementación y de la asignación de recursos suficientes, un punto de discordia que la oposición ha señalado como su principal debilidad potencial.