Organizaciones empresariales como Coparmex y Canacintra han expresado su preocupación por los posibles costos operativos, pero el gobierno, a través del Secretario del Trabajo, Marath Bolaños, ha insistido en que el proyecto contempla un “enfoque progresivo” y que existe consenso para avanzar.

La Confederación de Trabajadores de México (CTM) ha respaldado la medida, afirmando que beneficiará a los trabajadores y podría generar ahorros en energía para las empresas. Por otro lado, sindicatos como el SNAC, que agrupa a empleados de empresas como Bimbo y Pepsico, ya impulsan pruebas piloto a partir de 2026. La reforma es vista como una pieza clave del “segundo piso de la transformación” y busca alinear a México con las jornadas laborales de otros países de la OCDE, donde actualmente se registran de las más largas. Los legisladores de Morena y MC han cerrado filas para que la reforma se apruebe sin condicionarla a la pérdida de otras prestaciones laborales, una pretensión que, según la diputada Mercado, proviene del sector privado.