El caso se origina en un acuerdo de diciembre de 2021, cuando seis consejeros votaron a favor de detener temporalmente la organización de la consulta de revocación de mandato del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, argumentando insuficiencia presupuestal. Aunque la consulta se realizó en abril de 2022, Morena presentó una denuncia ante el Órgano Interno de Control (OIC) del INE. A pesar de que el partido retiró la queja posteriormente, el contralor interno decidió enviar el expediente al TFJA, que ahora ha abierto un procedimiento por presunto “abuso de funciones”, considerado una falta grave. Las posibles sanciones incluyen la inhabilitación para el servicio público hasta por veinte años.

Entre los acusados se encuentran los consejeros en funciones Dania Ravel, Claudia Zavala y Jaime Rivera, así como los exconsejeros Lorenzo Córdova y Ciro Murayama.

La consejera Ravel declaró que el caso es político y sienta un “mal precedente” al juzgar a los consejeros por el sentido de su voto, lo que atenta contra la independencia del instituto. Advirtió además que un procedimiento administrativo abierto podría impedir que los consejeros salientes reciban su liquidación al terminar su periodo en abril. El propio INE ha solicitado ser considerado como tercero interesado en el proceso, argumentando que la investigación vulnera su autonomía constitucional.