Esta movilización coordinada surge como respuesta a la inseguridad, la extorsión y la falta de políticas de apoyo por parte del gobierno federal, marcando una escalada en la presión de sectores productivos clave. La protesta, convocada por organizaciones como el Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano (FNRCM) y la Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC), exige atención federal a la creciente inseguridad en las carreteras y precios justos para los productos agrícolas. Confederaciones empresariales como la Coparmex han expresado su respaldo a la causa, a pesar de reconocer el impacto económico de los bloqueos. Héctor Iracheta Lara, presidente de la Coparmex, señaló: “Seguramente nos tocará sufrir el impacto de estas manifestaciones, pero ellos todos los días los asaltan y extorsionan”. El gobierno, a través de las secretarías de Gobernación (Segob) y de Agricultura (Sader), ha hecho un llamado al diálogo, afirmando que los bloqueos no son la solución y que se mantienen mesas de trabajo. Confirmaron que se agendó una reunión para el mismo 24 de noviembre con diputados para discutir la polémica iniciativa de Ley de Aguas. Sin embargo, líderes de la protesta como Eraclio “Yaco” Rodríguez Gómez han confirmado que los bloqueos procederán, incluyendo la toma indefinida de la aduana en el Puente Libre de Ciudad Juárez, lo que advierten que provocará graves afectaciones al comercio internacional.