Legisladores de oposición, como Rubén Moreira del PRI, han calificado el proceso como “apresurado y centralista”.

Productores y especialistas expresan preocupación por disposiciones que podrían criminalizar a los agricultores por no contar con permisos específicos, con multas de hasta siete millones de pesos y penas de prisión. Otra preocupación clave es la centralización de decisiones en la CONAGUA y las limitaciones a la transferencia de derechos de agua, lo que podría devaluar la tierra e impedir su herencia.

En Chihuahua, se llevó a cabo un foro donde legisladores del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano se comprometieron a oponerse a la ley.

El senador Mario Vázquez (PAN) firmó un compromiso público para votar en contra, afirmando que “criminaliza al productor”. En respuesta al creciente descontento, el gobierno federal acordó una reunión entre productores y diputados para el 24 de noviembre, el mismo día en que están previstos grandes bloqueos nacionales.